La Contraloría General de la República emitió la circular IN-CGR-CIR-2026-0005, que establece nuevos lineamientos para regular el registro, la trazabilidad y la gestión financiera de las cesiones de contratos de obras, bienes y servicios suscritos por instituciones del Estado.
La disposición, anunciada por el contralor Geraldo Espinosa, entrará en vigencia el 6 de julio de 2026 y aplicará a las cesiones que se formalicen a partir de esa fecha. Las realizadas con anterioridad continuarán rigiéndose por la normativa vigente al momento de su suscripción.
Entre los principales cambios, la circular establece la obligatoriedad de suscribir un contrato tripartito entre la institución contratante, el beneficiario original y el cesionario, con el objetivo de garantizar la responsabilidad solidaria ante el Estado.
Además, la entidad contratante deberá verificar que el cesionario cumpla con las mismas condiciones técnicas, legales y financieras exigidas en la adjudicación original y que esté registrado como beneficiario en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef).
La normativa también dispone que las cesiones solo podrán realizarse en los casos excepcionales contemplados en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, mediante un informe técnico que justifique la operación y detalle el estado financiero y físico del contrato.
Como parte de los controles, cada cesión deberá registrarse mediante una adenda al contrato original en el Sistema Trámite Regular Estructurado (TRE Contrato), incluyendo los montos cedidos, saldos pendientes, garantías vigentes y responsabilidades de cada parte.
Según explicó Espinosa, estas medidas buscan fortalecer la transparencia, evitar duplicidad de registros y garantizar una mayor trazabilidad en las operaciones contractuales del Estado.