La polémica ley que prioriza la jurisdicción militar y policial para procesar a miembros de las fuerzas de seguridad por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones entró este martes en vigor en Perú, tras su publicación en el diario oficial El Peruano. La norma ha generado fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre un posible escenario de impunidad.
La legislación establece que un mismo policía o militar no podrá ser investigado simultáneamente por la justicia ordinaria y la justicia militar-policial cuando los hechos y las personas involucradas sean los mismos. En consecuencia, estos casos pasarán a ser conocidos por tribunales integrados por miembros de las propias instituciones.
La ley fue impulsada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y promulgada luego de que venciera el plazo para que el presidente interino, José María Balcázar, ordenara su publicación. La medida se suma a otras iniciativas aprobadas recientemente por el Congreso relacionadas con el tratamiento judicial de hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han rechazado la normativa al considerar que podría limitar el acceso a la justicia en casos de violaciones de derechos humanos y favorecer la impunidad de agentes estatales involucrados en delitos graves.