La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que apelará la decisión judicial que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, al considerar que la sentencia presenta «graves vicios procesales» y fue emitida por una jueza que, según sostiene, ya no tenía competencia para conocer el caso.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado explicaron que la magistrada Patricia Alejandra Padilla Rosario había sido desapoderada del proceso desde octubre de 2025, cuando el expediente pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, instancia que posteriormente envió el caso a juicio. Además, señalaron que la decisión desnaturaliza la figura de la astreinte al convertirla en una indemnización a favor de un procesado por presunta corrupción.
El Ministerio Público indicó que dispone de un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación y recordó que el juicio contra Hugo Beras, Jochi Gómez y los demás imputados iniciará el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Álvarez Carbuccia figura entre los acusados por el presunto entramado de corrupción relacionado con el contrato del sistema de semáforos del Intrant. Según la acusación, emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria y enfrenta cargos junto a los demás imputados por delitos como lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad y violaciones a las leyes de alta tecnología y de armas.