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EE.UU. exigirá fianzas de hasta US$20,000 para otorgar visas de turismo y negocios a ciudadanos de 50 países

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar este lunes un programa que exige fianzas de hasta 20,000 dólares a ciudadanos de alrededor de 50 países que soliciten visas de turismo y negocios, como parte de una estrategia para reducir la permanencia irregular de visitantes en territorio estadounidense.

La medida afecta a quienes solicitan visas B-1/B-2 y alcanza principalmente a nacionales de países de África occidental y oriental, entre ellos Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda. En América, la disposición incluye a Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los funcionarios consulares tendrán la facultad de fijar el monto de la fianza, que podrá ser de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, dependiendo de cada caso.

El dinero deberá ser depositado para completar el proceso de solicitud del visado y será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Según las autoridades estadounidenses, el monto será reembolsado una vez el visitante concluya su estancia y cumpla con las condiciones de su visa.

Programa piloto

La administración del presidente Donald Trump explicó que esta disposición forma parte de un programa piloto implementado para reducir los casos de personas que permanecen en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado por sus visas.

El Departamento de Estado informó que durante el primer año de aplicación del programa se identificaron unas 20,000 solicitudes sujetas al pago de la fianza y que aproximadamente la mitad de los solicitantes desistieron de continuar el trámite.

Asimismo, indicó que la medida provocó una reducción del 83 % en la emisión de visas de turismo y negocios para los países incluidos en el programa.

Críticas a la medida

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado la política al considerar que crea una barrera económica para quienes buscan ingresar legalmente a Estados Unidos.

Las entidades sostienen que el requisito afecta especialmente a ciudadanos de países con menores ingresos y de mayoría afrodescendiente, al elevar significativamente el costo del proceso de obtención del visado.