Washington.– Una nueva reglamentación sobre la denominada “carga pública” entró en vigor este viernes 18 de septiembre en Estados Unidos, modificando los criterios utilizados para evaluar a determinados extranjeros que solicitan la residencia permanente o un ajuste de estatus.
La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina la regulación adoptada en 2022 y devuelve mayor discrecionalidad a los funcionarios migratorios para determinar, a partir de las circunstancias particulares de cada solicitante, si es probable que en algún momento se convierta en una carga pública.
El cambio afecta principalmente a personas sujetas a esta causal de inadmisibilidad que presentan una solicitud de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente. Sin embargo, existen categorías migratorias exentas, por lo que la evaluación no se aplica de la misma manera a todos los extranjeros.
A partir de este 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también exige una nueva edición del Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus.
USCIS solo aceptará la edición del I-485 identificada con fecha 18 de septiembre de 2026 para las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor del cambio. Las versiones anteriores pueden ser rechazadas cuando correspondan a solicitudes sometidas bajo las nuevas disposiciones.
¿Qué evaluarán las autoridades?
La determinación de carga pública no se basa en un único elemento. Los funcionarios deben analizar las circunstancias del solicitante y considerar factores establecidos en la legislación migratoria, entre ellos la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y condición financiera, así como educación y habilidades.
La nueva reglamentación amplía la discreción de las autoridades frente al esquema de 2022, que establecía parámetros más delimitados para determinar cuándo una persona podía ser considerada probablemente dependiente del Gobierno para su subsistencia.
El uso de determinados beneficios públicos sujetos a criterios económicos también puede formar parte del análisis bajo las nuevas disposiciones. No obstante, haber recibido asistencia pública no significa automáticamente que una persona será declarada inadmisible.
La decisión debe realizarse de manera individual y considerando el conjunto de circunstancias relevantes de cada caso.
¿Qué deben tener en cuenta los solicitantes?
Las personas que estén preparando una solicitud de ajuste de estatus deben comprobar que utilizan la versión vigente del Formulario I-485 y revisar cuidadosamente las nuevas preguntas e instrucciones antes de presentar el expediente.
También resulta importante proporcionar información completa y consistente sobre los aspectos económicos y personales solicitados por USCIS y no omitir datos requeridos en el formulario.
El cambio tampoco significa que una persona deba abandonar automáticamente beneficios públicos que recibe. La aplicación de la causal de carga pública depende de la categoría migratoria y de las circunstancias particulares del solicitante.
Debido a que las consecuencias pueden variar según el tipo de trámite, historial migratorio, situación económica y otros factores, quienes tengan dudas sobre cómo la nueva regulación afecta su caso pueden buscar orientación legal especializada antes de presentar documentación o tomar decisiones relacionadas con beneficios públicos.
La nueva normativa se aplica a las solicitudes de ajuste de estatus presentadas o enviadas electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026, mientras que los casos anteriores están sujetos a las disposiciones transitorias establecidas por el DHS.