El proyecto presentado ante la Cámara de Diputados también contempla mayor transparencia en los estados de cuenta, pagos anticipados sin penalidades y devolución de cobros indebidos.
Santo Domingo. El diputado Alcibíades Tavárez Dela Cruz, representante de San Pedro de Macorís por el partido Fuerza del Pueblo, depositó un proyecto de ley que propone reducir las tasas de interés de las tarjetas de crédito en República Dominicana y establecer un límite máximo de 45 % anual para este tipo de financiamiento.
La iniciativa, presentada este martes 20 de octubre de 2026, plantea modificar la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, con el objetivo de fortalecer la protección de los usuarios, mejorar la transparencia de los cargos bancarios y reducir el costo de las deudas financiadas mediante tarjetas de crédito.
De acuerdo con el articulado difundido, el proyecto contempla una reducción inicial del 30 % respecto de las tasas de interés vigentes al momento de su implementación. Esta medida se aplicaría tanto a los saldos financiados existentes como a las nuevas operaciones, conforme a las disposiciones que se establezcan.
El legislador cuestionó que algunas tarjetas de crédito tengan tasas cercanas al 60 % anual, mientras que otros productos bancarios presentan intereses considerablemente menores. En sus declaraciones, también habló de llevar las tasas del 60 % al 30 %, aunque esa formulación no coincide exactamente con la reducción proporcional establecida en el articulado.
Para regular el financiamiento, la propuesta introduce una Tasa Máxima de Tarjetas de Crédito, calculada a partir de la tasa activa promedio ponderada de los préstamos de consumo en moneda nacional, más un margen que determinaría la Junta Monetaria. En ningún caso el resultado podría superar el 45 % anual.
El texto establece que, cuando la reducción inicial produzca una tasa inferior al límite máximo permitido, las entidades financieras deberán conservar la opción más favorable para el usuario. De esta manera, el tope legal no podría utilizarse como justificación para elevar tasas que ya sean menores.
Otro de los puntos centrales es la prohibición de cobrar intereses sobre cantidades de capital previamente pagadas. Los abonos realizados por los usuarios deberán reducir el saldo utilizado para calcular los intereses posteriores, desde la fecha efectiva de su aplicación.
En caso de identificarse cobros indebidos, el proyecto dispone que las entidades emisoras deberán devolver o acreditar los montos correspondientes, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan aplicar las autoridades competentes.
La iniciativa también busca impedir que los bancos compensen la reducción de intereses mediante la creación o el incremento de comisiones, penalidades, seguros obligatorios u otros cargos asociados al uso de las tarjetas.
En materia de información al consumidor, los estados de cuenta deberán presentar por separado el capital adeudado, los intereses, las comisiones, los cargos adicionales, el pago mínimo y la tasa anual aplicada. Asimismo, deberán incluir una estimación del tiempo necesario para saldar la deuda si el cliente paga únicamente el mínimo requerido.
El proyecto contempla que los tarjetahabientes puedan realizar pagos anticipados, parciales o totales, sin penalidades, conforme a las reglas aplicables. También establece obligaciones de notificación previa cuando se produzcan modificaciones en las tasas de interés.
Como parte de las medidas de supervisión, la Superintendencia de Bancos tendría la responsabilidad de publicar periódicamente información comparativa sobre las tasas, comisiones y cargos de las tarjetas de crédito, con el propósito de facilitar decisiones financieras mejor informadas.
En cuanto a los plazos de implementación, la propuesta concede a la Junta Monetaria 120 días, después de la promulgación de la ley, para emitir las normas correspondientes. Las entidades emisoras contarían posteriormente con un máximo de 90 días para adaptar sus contratos, sistemas y estados de cuenta.
El texto también plantea evaluaciones periódicas de los efectos de la medida sobre el acceso al crédito, el endeudamiento, la morosidad y la estabilidad financiera, de manera que las autoridades puedan determinar sus resultados y recomendar ajustes.
La propuesta deberá completar el proceso de discusión y aprobación legislativa antes de convertirse en ley. Por tanto, las tasas de interés de las tarjetas de crédito no han sido reducidas automáticamente como consecuencia de su presentación.