El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo las acciones directas de inconstitucionalidad presentadas contra varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal, entre ellas una que busca la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. La decisión fue anunciada por el presidente de la alta corte, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, tras concluir la audiencia en la que participaron las partes involucradas.
Debido a la relevancia y complejidad del caso, el magistrado otorgó plazos especiales antes de emitir la decisión definitiva. La parte accionante y quienes respaldan su postura dispondrán de cinco días hábiles para responder a las intervenciones presentadas durante el proceso. Posteriormente, se abrirá un segundo plazo de cinco días para que la parte accionada y los intervinientes contrarios a la demanda presenten sus réplicas.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República solicitó rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 del nuevo Código Penal. El Ministerio Público sostuvo que la normativa es coherente y compatible con la Constitución, argumentando que protege el derecho a la vida desde la concepción, conforme al artículo 37 de la Carta Magna.
En la misma línea, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados defendieron la constitucionalidad de la ley y afirmaron que su aprobación se realizó respetando los procedimientos establecidos por la Constitución. Los abogados del Congreso consideraron improcedentes los argumentos presentados por los accionantes.
Por su parte, los sectores que impulsan la despenalización del aborto solicitaron la nulidad de las disposiciones que mantienen la penalización absoluta e insistieron en la incorporación de las denominadas tres causales: cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el feto sea inviable fuera del útero y en casos de violación o incesto. Entre las entidades que respaldan esta posición figuran organizaciones sociales, académicas y defensoras de derechos de las mujeres.
Asimismo, colectivos religiosos y organizaciones pro-vida defendieron la permanencia de las disposiciones actuales del Código Penal y pidieron al Tribunal Constitucional rechazar la acción. Estos grupos argumentaron que su participación fortalece el debate constitucional y contribuye a una deliberación más amplia sobre un tema de alto interés nacional.