El abogado Francisco Consoró, representante legal de dos de los imputados en la Operación Onco14, cuestionó este miércoles que el Ministerio Público haya incluido en la acusación únicamente a dos integrantes del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, pese a que dicho organismo está conformado por nueve miembros.
El jurista calificó de selectiva la decisión de perseguir penalmente solo a determinadas personas vinculadas a la entidad.
“Solamente acusan al ingeniero Lora y a otra persona, cuando se trata de un consejo compuesto por nueve integrantes”, expresó Consoró al referirse al expediente presentado por el órgano acusador.
Asimismo, cuestionó la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el caso, al sostener que el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) no es una institución pública.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante la audiencia relacionada con el proceso judicial derivado de la Operación Onco14, mediante la cual las autoridades investigan presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a tratamientos oncológicos.
Audiencia fue aplazada
La audiencia fue aplazada para el próximo jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde.
El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra tres imputados, a quienes vincula con una presunta estructura fraudulenta que habría operado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Según la acusación, los encartados habrían utilizado el Instituto Oncológico Regional del Cibao para sustraer, mediante diversas maniobras, fondos millonarios provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Solicitan prisión preventiva
El órgano persecutor pidió 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Además, solicitó que el caso sea declarado complejo, alegando la pluralidad de imputados, la gravedad de los hechos investigados y las posibles sanciones que podrían imponerse en caso de una eventual condena.