El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró este martes que el expediente judicial presentado en su contra fue construido con testimonios y documentos alterados para vincularlo de manera indebida al proceso que enfrenta desde 2023. Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, afirmó que la acusación fue «fabricada y falsa» con el propósito de afectar su reputación y perjudicar políticamente a su organización.
Peralta mostró dos interrogatorios realizados a un mismo testigo que, según explicó, evidencian contradicciones. Indicó que en una declaración fechada el 27 de noviembre de 2021, el declarante aseguró haber entregado supuestos cheques a una persona distinta, mientras que en un segundo interrogatorio, realizado el 19 de diciembre de 2022, modificó su versión para relacionarlo indirectamente con esos mismos fondos.
El exfuncionario sostuvo que esa variación demuestra una supuesta fabricación de testimonios para incluirlo en el expediente y denunció que uno de los interrogatorios habría sido ocultado por el Ministerio Público durante el proceso. También afirmó que la misma declaración fue utilizada en expedientes distintos con versiones diferentes, lo que, a su juicio, compromete su validez como prueba.
Además, presentó una certificación de la Superintendencia de Valores que, según dijo, estaba en poder del Ministerio Público desde 2021. Aseguró que, pese a ello, el órgano acusador informó ante dos tribunales que no disponía de ese documento. «Producto del ocultamiento de esa documentación que ya estaba en manos del Ministerio Público, fui privado de libertad durante ocho meses», expresó.
Peralta agregó que cuenta con certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Aduanas y otras instituciones que, según afirmó, no lo vinculan con los hechos investigados. Explicó que decidió presentar públicamente esos documentos luego de recibir un auto de no ha lugar a su favor y tras ser notificado de un recurso de apelación interpuesto por los abogados del Estado.
Finalmente, sostuvo que su comparecencia pública busca defender su honor y advertir sobre los riesgos que, a su juicio, representan este tipo de actuaciones para el Estado de derecho, el debido proceso y las garantías constitucionales de los ciudadanos.