El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 502-26, que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y establece un mecanismo de control e investigación, pocas horas antes de que Estados Unidos aplique un arancel de 12.5 % a las importaciones procedentes de la República Dominicana.
La disposición otorga a la Dirección General de Aduanas la facultad de investigar, retener y bloquear mercancías sobre las que existan indicios de haber sido elaboradas con trabajo forzoso, mientras que el Ministerio de Trabajo fungirá como órgano técnico para evaluar los casos. Además, los importadores deberán suministrar información sobre sus cadenas de suministro y se crea un registro de productos cuya importación haya sido prohibida.
El decreto fundamenta estas medidas en los compromisos asumidos por el país a través del DR-Cafta y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de fortalecer la integridad de las cadenas de suministro y preservar la reputación comercial de la República Dominicana. Aunque la disposición no evitará la aplicación inmediata del arancel estadounidense, el Gobierno busca alinearse con los estándares internacionales para una eventual revisión futura de la medida.
Tras el anuncio, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó el fortalecimiento del marco institucional vinculado al comercio internacional, al considerar que la competitividad también depende de la trazabilidad y el cumplimiento de las normas. Por su parte, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) expresó preocupación por el impacto de los nuevos aranceles, aunque manifestó su confianza en que el diálogo entre ambos gobiernos permita restablecer condiciones favorables para las exportaciones dominicanas.