La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) destacó el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a la República Dominicana por haber salido oficialmente del mapa del hambre, al reducir la prevalencia de desnutrición por debajo del 2.5 %.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que este logro responde al trabajo conjunto entre el Estado, los productores agropecuarios y la sociedad, resaltando el papel estratégico que han desempeñado las compras públicas en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país.
Según datos ofrecidos por la institución, entre agosto de 2020 y junio de 2026 el Estado destinó RD$342,836.6 millones a la adquisición de alimentos mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), a través de 277 procesos realizados por 14 instituciones vinculadas a programas de alimentación escolar, asistencia social y atención a la primera infancia.
La DGCP explicó que el 100 % de las adjudicaciones fue otorgado a empresas nacionales, mientras que el 74.9 % correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Además, el 40.12 % de las adjudicaciones benefició a empresas lideradas por mujeres, fortaleciendo la inclusión económica y el desarrollo del sector productivo.
Entre las principales entidades compradoras figuran el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), el antiguo Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).
La institución también informó que supervisó el 95 % del monto destinado a compras agroalimentarias, realizando observaciones técnicas en gran parte de los procesos para garantizar la transparencia, la eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
Pimentel sostuvo que las compras públicas no solo garantizan el abastecimiento de alimentos para los programas sociales del Estado, sino que también impulsan la producción nacional, fortalecen las cadenas agrícolas, dinamizan las economías locales y generan oportunidades para las Mipymes y las empresas encabezadas por mujeres.