El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el Decreto 308-06, que desde hace casi dos décadas regula los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión. La decisión está contenida en la sentencia TC/0689/26, emitida tras acoger una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Víctor Eddy Mateo Vásquez.
Aunque declaró la inconstitucionalidad del decreto, el alto tribunal dispuso que la medida continuará vigente durante los próximos dos años, contados a partir de la notificación de la sentencia. Con ello, busca evitar un vacío legal mientras el Congreso Nacional aprueba una legislación que regule de manera definitiva los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas.
En su análisis, los magistrados reconocieron que la finalidad del decreto, preservar el orden público y la seguridad ciudadana, es constitucionalmente legítima. Sin embargo, concluyeron que la restricción perdió razonabilidad al mantenerse de forma indefinida mediante un decreto presidencial, cuando una regulación permanente debe estar establecida mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional.
El Tribunal Constitucional exhortó al Congreso a legislar sobre esta materia en un plazo máximo de dos años. Además, precisó que el Poder Ejecutivo sí puede establecer restricciones temporales mediante decretos en situaciones excepcionales, como operativos especiales durante Semana Santa, Navidad u otros eventos que justifiquen este tipo de medidas.
La sentencia también dejó claro que la regulación de horarios no vulnera la libertad de empresa, ya que no impide el ejercicio de la actividad comercial, sino que únicamente limita el horario para la venta de bebidas alcohólicas. Asimismo, durante el proceso, el Poder Ejecutivo respaldó la acción al considerar que el decreto incurrió en una «inconstitucionalidad sobrevenida» tras la entrada en vigor de la Constitución de 2010, mientras que la Procuraduría General defendió su permanencia por entender que contribuía a proteger el orden público y la seguridad ciudadana.