El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que declarará la emergencia económica y social para hacer frente a los daños provocados por el terremoto que afectó el suroccidente de Colombia.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó la medida durante una sesión de las comisiones económicas del Congreso, donde también se analiza el presupuesto presentado por la administración del expresidente Gustavo Petro. El funcionario explicó que el estado de excepción permitirá al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para atender la emergencia y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

Entre las primeras acciones anunciadas figura la gestión de un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial. Gómez señaló que, si la declaratoria se formaliza durante este martes, los recursos podrían estar disponibles antes de finalizar la semana para financiar las labores de atención y reconstrucción.

El Gobierno también dispondrá de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y ordenará la priorización de partidas presupuestarias para atender las necesidades derivadas del terremoto. La ejecución de estos fondos estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La declaratoria de emergencia económica y social otorga al Gobierno facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley destinados a enfrentar la contingencia. Dentro de esas facultades podrían contemplarse modificaciones presupuestarias y, de ser necesario, la creación o ajuste de tributos para financiar la respuesta y recuperación.

Gómez sostuvo que los recursos deberán concentrarse en las zonas más afectadas por el fenómeno natural y en las necesidades de reconstrucción de infraestructura y atención a las comunidades damnificadas.

Durante su intervención, el ministro también solicitó a las comisiones económicas del Congreso devolver el proyecto de presupuesto presentado por la administración de Gustavo Petro, al considerar que presenta problemas de financiación y una distribución inadecuada de los recursos.

La decisión sobre el presupuesto se produce en paralelo con la respuesta del nuevo Gobierno a la emergencia sísmica, que obligará a las autoridades a movilizar recursos extraordinarios para atender los daños y apoyar a las poblaciones afectadas.