El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó que 10 niños, niñas y adolescentes permanecen bajo el Sistema Nacional de Protección, luego de ser localizados en un establecimiento de Haina, provincia San Cristóbal, que operaba bajo el nombre Fundación Restaurando Vidas, Un Muerto que Revive.

Durante la intervención, realizada el pasado domingo, las autoridades identificaron a 14 menores con edades comprendidas entre los tres meses y los 13 años. Cuatro fueron reintegrados a sus respectivas familias, mientras los otros 10 permanecen bajo protección estatal.

CONANI explicó que las circunstancias en las que permanecían los menores en el establecimiento, así como el tratamiento que recibieron, se encuentran actualmente bajo investigación de las autoridades.

La institución precisó que el establecimiento no cuenta con la habilitación requerida para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

CONANI informó que el lugar ya había sido intervenido en septiembre de 2025, luego de que su Oficina Municipal en Haina detectara irregularidades relacionadas con la presencia de menores bajo su cuidado sin la autorización correspondiente.

En aquella ocasión, el organismo acompañó una actuación del Ministerio Público y los menores encontrados en el establecimiento fueron reintegrados a sus familias de origen.

También se determinó entonces que el lugar no estaba habilitado para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial a menores, situación que fue comunicada a las autoridades competentes.

Los 10 menores que continúan bajo protección están siendo evaluados por profesionales de las áreas de medicina y psicología para determinar sus condiciones físicas y emocionales y establecer las medidas de protección correspondientes.

CONANI recordó que las organizaciones y programas que ofrecen servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes deben cumplir con los procesos de habilitación, regulación y supervisión establecidos en el país para garantizar la protección de sus derechos.

La institución indicó que continuará colaborando con las autoridades responsables de la investigación y brindando asistencia técnica dentro del ámbito de sus competencias. Corresponderá al Ministerio Público determinar, a partir de las evidencias recopiladas, si se produjeron infracciones, establecer las responsabilidades y adoptar las acciones legales correspondientes.