Tegucigalpa.–Un juez de Honduras dictó sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el proceso que enfrentaba por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, relacionados con el denominado caso Pandora II. La decisión extingue el proceso penal en esta instancia, aunque puede ser apelada.

El portavoz del Poder Judicial hondureño, Carlos Silva, informó que, como consecuencia del fallo, se extenderá una carta de libertad definitiva al exmandatario y quedarán sin efecto las medidas cautelares que le habían sido impuestas para enfrentar el proceso en libertad. Las partes fueron notificadas y tienen la posibilidad de recurrir la decisión ante la Corte de Apelaciones.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, regresó al país en julio después de haber sido indultado en Estados Unidos por el presidente Donald Trump. El exmandatario cumplía una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas, tras haber sido condenado en 2024.

Las pruebas presentadas

Durante el proceso, la defensa de Hernández presentó 31 pruebas documentales y un testigo. De acuerdo con el Poder Judicial, estos elementos estaban dirigidos a establecer que las decisiones investigadas correspondían al período en que Hernández presidía el Congreso Nacional, entre 2010 y 2014, y no a su gestión posterior como presidente de la República.

Por su parte, el Ministerio Público presentó 16 pruebas documentales, un testigo y tres pericias para sustentar la acusación. Tras valorar los elementos aportados, el juez determinó que no se logró establecer la trazabilidad del dinero presuntamente destinado al financiamiento de la campaña política de Hernández.

El mismo expediente alcanzó a otros exfuncionarios hondureños y al expresidente Porfirio Lobo, quienes también recibieron sobreseimientos.

El caso Pandora II

Pandora II investigaba el presunto desvío irregular de alrededor de 288 millones de lempiras, unos 10.8 millones de dólares, entre 2010 y 2013, período en el que Hernández presidía el Congreso Nacional de Honduras. Según la acusación, parte de esos recursos públicos habría terminado financiando actividades políticas relacionadas con su campaña presidencial de 2013.

Tras conocerse la decisión, Hernández reiteró que las acusaciones en su contra carecían de sustento. El exmandatario había expresado días antes su confianza en obtener una decisión favorable y sostenido que las pruebas y testimonios presentados durante las audiencias no demostraban que hubiera recibido los fondos investigados.

El sobreseimiento representa el cierre del proceso contra Hernández en esta instancia, pero el fallo todavía puede ser impugnado por el Ministerio Público u otra parte procesal ante la Corte de Apelaciones.