El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al denominado “terrorismo medioambiental”, mediante el Decreto 615-26, firmado por el presidente Luis Abinader.
La disposición busca fortalecer la prevención, investigación y persecución de acciones deliberadas que provoquen daños graves a parques nacionales y otros recursos naturales considerados estratégicos para el país. Entre estos figuran cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales, bosques y nacimientos de ríos.
Abinader advirtió que las autoridades actuarán tanto contra quienes ejecuten este tipo de acciones como contra las personas que las ordenen, financien o patrocinen, sean dominicanos o extranjeros.
El mandatario señaló que determinadas conductas, cuando reúnan las condiciones establecidas en la legislación sobre terrorismo, podrían enfrentar penas de entre 20 y 30 años de prisión.
Decreto no crea un nuevo delito
El Decreto 615-26 no crea por sí mismo un nuevo delito denominado “terrorismo medioambiental”. La expresión se utiliza para fines de prevención y coordinación de las instituciones del Estado.
Para que una agresión contra los recursos naturales pueda ser perseguida bajo las disposiciones relacionadas con terrorismo, deberá cumplir con los elementos establecidos en la legislación penal vigente. Por tanto, las penas de 20 a 30 años no se aplicarían automáticamente a cualquier infracción ambiental.
La disposición instruye a los organismos de seguridad, defensa, inteligencia y protección ambiental a coordinar acciones para prevenir y enfrentar amenazas contra los recursos naturales.
Entre las prioridades estarán combatir los incendios forestales provocados y proteger áreas naturales e infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua y otros recursos estratégicos.
Asimismo, cuando las autoridades detecten posibles agresiones al patrimonio ambiental que puedan constituir delitos, los casos deberán ser remitidos al Ministerio Público para las investigaciones y acciones penales correspondientes.
El Gobierno también contempla establecer plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales para que los ciudadanos puedan denunciar actividades que representen amenazas contra los recursos naturales.
Las personas que colaboren de buena fe con las autoridades deberán contar con mecanismos de protección y confidencialidad.
Con el Decreto 615-26, el Gobierno busca reforzar la protección de los recursos naturales y establecer una respuesta coordinada frente a acciones graves que puedan poner en riesgo ecosistemas e infraestructuras consideradas esenciales para el país.