El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la decisión sobre las solicitudes de extinción de la acción penal presentadas por varias defensas en el caso Calamar.

El tribunal, presidido por Arlín Ventura e integrado por las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, reservó su decisión luego de escuchar los argumentos de los abogados de los imputados y del Ministerio Público. La corte indicó que necesita evaluar los planteamientos debido a la complejidad del proceso.

Entre los procesados cuyas defensas han solicitado la extinción figuran Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz. Los abogados sostienen que la persecución penal ha superado el plazo máximo de duración que establece la normativa procesal.

Los abogados de Ángel Lockward plantearon que las inmovilizaciones de fondos contra su defendido comenzaron en febrero de 2022 y argumentaron que el plazo máximo de duración del proceso ya se encuentra vencido.

La defensa sostiene que, una vez comprobado el vencimiento del plazo legal, corresponde declarar extinguida la acción penal y dejar sin efecto las medidas que pesan sobre el imputado.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, pidió al tribunal rechazar las solicitudes y permitir que el proceso continúe hacia el conocimiento de fondo.

El Ministerio Público argumentó que el vencimiento del plazo no debe determinarse únicamente mediante un cálculo del tiempo transcurrido, sino considerando las particularidades del expediente y las causas de las dilaciones registradas durante el proceso.

La Pepca sostiene que el expediente debe continuar para que las pruebas presentads contra los acusados sean debatidas durante el juicio.

De manera paralela, la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero interpuso un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que se declare extinguida la acción penal en su contra.

Su abogada, María del Pilar Zuleta, explicó que busca revocar la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción que rechazó previamente ese pedimento y dispuso el envío de Guerrero a juicio de fondo.

La defensa sostiene que el cómputo de la persecución contra el exfuncionario comenzó el 22 de noviembre de 2020, cuando la Procuraduría General de la República le impuso una alerta migratoria, por lo que considera que el proceso excedió el plazo establecido legalmente.

El caso Calamar involucra a 35 acusados enviados a juicio por un expediente en el que el Ministerio Público atribuye a la presunta estructura de corrupción un perjuicio al Estado superior a RD$19,000 millones.