Santo Domingo.– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre contra la decisión que rechazó su solicitud de extinción de la acción penal en el proceso de corrupción administrativa conocido como caso Coral y Coral 5G.
Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), fue condenado en junio pasado a 20 años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, junto al general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta es la quinta ocasión en que Cáceres intenta sin éxito obtener la extinción de la acción penal. Su defensa presentó tres solicitudes ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que fueron rechazadas al considerar que el tiempo transcurrido era razonable atendiendo a la naturaleza y las particularidades del proceso.
Posteriormente, la defensa acudió ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que también desestimó la petición y confirmó la decisión de primer grado.
La Segunda Sala de la SCJ declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución penal número 502-2026-SRES00071, dictada por la Corte de Apelación el 26 de febrero de 2026.
La decisión fue adoptada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro. La sala determinó que no se cumplía el requisito de impugnabilidad objetiva establecido en el artículo 441 del Código Procesal Penal, por lo que el recurso no podía ser admitido.
El Ministerio Público, que había solicitado la inadmisibilidad del recurso, valoró la decisión y consideró que contribuye a la lucha contra la impunidad.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó el pasado 16 de junio a Cáceres, Torres Robiou y Núñez de Aza a 20 años de prisión por su participación en la estructura de corrupción investigada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
En el mismo proceso, el general Julio Camilo de los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez fueron sentenciados a 15 años de prisión. El tribunal también ordenó el decomiso de cientos de bienes vinculados al entramado y una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.
Según la acusación del Ministerio Público, la estructura operó entre 2012 y 2020 y desvió recursos públicos procedentes principalmente del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Entre las instituciones señaladas como afectadas también figura el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia