Madrid.– La publicación de 40 documentos oficiales sobre la crisis migratoria registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio ha abierto una nueva confrontación política en España, después de conocerse que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había advertido previamente sobre convocatorias en redes sociales para intentar entrar de forma masiva en la ciudad autónoma desde Marruecos.
Los documentos fueron publicados por el Gobierno español después de su desclasificación y abarcan informes, alertas y comunicaciones elaborados durante julio por el CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), entre otros organismos.
La documentación confirma que el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el CNI transmitió información sobre posibles intentos de acceso a Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. Una nota urgente fue remitida ese mismo día a los servicios de inteligencia marroquíes, mientras que también hubo comunicaciones con la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil.
Uno de los mensajes enviados por un agente del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno advertía de un llamamiento en redes sociales para intentar acceder a Ceuta “por valla y mar” al día siguiente. Otra comunicación señalaba que dos grupos relacionados con las convocatorias sumaban alrededor de 180,000 seguidores, cifra que hacía referencia al alcance potencial de esas comunidades digitales y no al número de personas que se preveía que cruzarían la frontera.
Aunque los documentos demuestran que existieron avisos previos, el CNI ha reconocido que no anticipó la magnitud ni la naturaleza del episodio que finalmente se produjo. El Gobierno sostiene, además, que la comunicación del 29 de julio no fue elevada como una alerta formal que permitiera prever una entrada de las dimensiones registradas posteriormente.
Los informes también reflejan que días antes existían análisis sobre el aumento de la presión migratoria hacia Ceuta y Melilla. La documentación permite reconstruir qué información manejaron diferentes organismos y a quién fue comunicada antes y durante la crisis.
La entrada de entre 70,000 y 80,000 personas durante la crisis provocó un colapso de los dispositivos de seguridad y asistencia de Ceuta, según los informes oficiales ahora conocidos. Parte de la documentación también cuestiona la actuación de las autoridades marroquíes durante los acontecimientos.
La revelación de los avisos previos ha sido utilizada por el Partido Popular (PP) para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber ocultado información sobre lo que conocía antes de la crisis. El principal partido de la oposición sostiene que los documentos contradicen explicaciones anteriores del Gobierno y ha elevado la presión política para reclamar responsabilidades.
Vox, por su parte, ha promovido la utilización del artículo 102 de la Constitución española para intentar exigir responsabilidades penales al presidente Sánchez y a miembros de su Gobierno por presuntos delitos de traición o contra la seguridad del Estado relacionados con la crisis de Ceuta. La acusación constituye una posición política de Vox y no una determinación judicial sobre la existencia de esos delitos.
El Gobierno defiende la publicación de los documentos como un ejercicio de transparencia. El presidente Sánchez se había comprometido ante el Congreso el pasado 3 de septiembre a hacer públicos los informes para que pudiera conocerse qué información estuvo disponible y cómo fue valorada por las diferentes instituciones antes y durante la crisis.
La divulgación de los llamados “papeles de Ceuta” mantiene ahora el debate centrado no en si existieron advertencias —algo que los documentos confirman—, sino en el alcance que tuvieron esos avisos, cómo fueron evaluados y si las autoridades adoptaron medidas suficientes ante la información disponible.