Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la construcción de un nuevo estadio de béisbol con estándares de las Grandes Ligas (MLB), acompañado de un complejo inmobiliario y urbanístico en el ensanche La Fe, Distrito Nacional.
La iniciativa contempla la creación de la Corporación Inmobiliaria para la Transformación del Ensanche La Fe (Citelf), una sociedad comercial de capital mixto que tendría a su cargo el desarrollo, construcción y operación del nuevo parque de béisbol y del proyecto urbanístico asociado.
El estadio se levantaría dentro del perímetro que actualmente ocupa el Estadio Quisqueya Juan Marichal y sería diseñado con las condiciones requeridas para recibir partidos oficiales de equipos de las Grandes Ligas, además de otras actividades deportivas, recreativas y sociales.
La propuesta surge de las recomendaciones de la comisión consultiva creada mediante el Decreto 306-25, del 6 de junio de 2025, para estudiar la viabilidad de construir en terrenos estatales del ensanche La Fe una instalación que cumpla con los requerimientos de MLB. Tras las evaluaciones y consultas realizadas, la comisión recomendó desarrollar la obra mediante una alianza entre el Estado y el sector privado.
Alianza público-privada para financiar el proyecto
De acuerdo con la iniciativa, el Estado dominicano y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) podrían aportar terrenos de su propiedad ubicados dentro del área contemplada para el proyecto y recibir a cambio acciones de Citelf equivalentes al valor de esos inmuebles.
El socio estratégico privado sería seleccionado mediante un procedimiento competitivo que incluiría la publicación de las bases, evaluación de credenciales, presentación de ofertas técnicas y económicas y negociación de las condiciones finales de la asociación.
Los interesados tendrían que demostrar capacidad financiera y técnica para diseñar y construir el estadio conforme a los estándares de las Grandes Ligas. También deberán presentar un modelo de negocio sostenible que contemple espacios públicos, calles internas y áreas verdes.
Bandex tendría a su cargo la implementación de la estructura societaria de Citelf y la organización del proceso para escoger al inversionista privado. La nueva sociedad podría financiar sus proyectos mediante aportes de capital, fondos de inversión, emisión de valores y financiamiento bancario.
El proyecto establece que tanto el nuevo estadio como el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz permanecerían como propiedad del Estado dominicano. Citelf no podría vender, transferir o disponer del derecho de propiedad de esas instalaciones.
Asimismo, la iniciativa contempla la remodelación del Coliseo Teo Cruz y prohíbe que esa infraestructura y el nuevo estadio sean utilizados como garantía inmobiliaria para obtener financiamiento.
La transformación propuesta abarcaría también terrenos del denominado polígono especial del ensanche La Fe, donde existen propiedades vinculadas al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
Quisqueya operaría mientras construyen el nuevo estadio
Uno de los requisitos establecidos en la propuesta es garantizar el funcionamiento del Estadio Quisqueya Juan Marichal durante todo el período de construcción de la nueva instalación, de manera que no se interrumpa la temporada del béisbol profesional dominicano.
Una vez constituida Citelf y seleccionado el socio estratégico, la nueva sociedad asumiría la administración de las instalaciones y tendría que atender las necesidades operativas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de los equipos que utilizan el estadio. Para esos fines se contempla la firma de un convenio marco con Lidom.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó durante la recepción de la iniciativa que la construcción del nuevo estadio podría tomar entre tres y cuatro años, mientras que el desarrollo integral contemplado para la zona tendría un horizonte de entre 10 y 20 años.
La iniciativa deberá ahora agotar el proceso legislativo correspondiente en el Congreso Nacional antes de convertirse en ley.